La aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción en diferentes canales de denuncia, ha supuesto un cambio significativo en el marco legal español. En este contexto, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) es el organismo encargado de supervisar la correcta aplicación de esta norma y garantizar la protección de los denunciantes.
No obstante, la implementación de canales de denuncia efectivos enfrenta diversos desafíos que las organizaciones deben abordar para cumplir con la normativa y fomentar una cultura de transparencia.
1. Protección del informante y gestión de la confidencialidad en canales de denuncia
Uno de los principales retos es garantizar la confidencialidad de los denunciantes para evitar represalias. La Ley 2/2023 establece que todas las entidades obligadas deben contar con sistemas que aseguren la protección de la identidad del informante.
Medidas clave para garantizar la protección:
- Implementar software de validación de listas para gestionar denuncias de forma anónima y segura.
- Aplicar protocolos estrictos para evitar filtraciones y acceso indebido a la información.
- Capacitar a los responsables en la correcta gestión de los informes recibidos.
- Diseñar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial que refuerce las políticas de protección del denunciante.
2. Cumplimiento normativo y adaptación a la regulación vigente
La adaptación a la Ley 2/2023 y a la Directiva (UE) 2019/1937 requiere la creación o modificación de los sistemas internos de denuncia. Las empresas deben asegurarse de que sus procedimientos cumplen con los estándares exigidos por la AIPI.
Estrategias para el cumplimiento normativo:
- Desarrollar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial alineado con la normativa española y europea.
- Implementar una matriz de riesgos que identifique y clasifique las denuncias según su gravedad.
- Realizar auditorías internas periódicas para verificar el funcionamiento del canal de denuncias.
- Asegurar que el canal de denuncias sea accesible para empleados, proveedores y terceros.
3. Cultura organizacional y confianza en el sistema de denuncias
El éxito de un canal de denuncias depende de que los empleados y terceros confíen en su efectividad. Sin una cultura organizacional sólida, el miedo a represalias o la desconfianza pueden limitar su uso.
Acciones para fortalecer la confianza en el canal:
- Ofrecer capacitaciones sobre la importancia del sistema de denuncias y sus garantías.
- Asegurar que la alta dirección respalde públicamente la protección de los denunciantes.
- Garantizar la comunicación clara de los procedimientos y de las acciones correctivas tomadas.
- Fomentar buenas prácticas que promuevan la denuncia ética sin temor a represalias.
4. Uso de tecnología en la gestión de denuncias
El uso de inteligencia artificial (IA) y otras herramientas tecnológicas facilita la detección y gestión de irregularidades, pero su implementación supone un reto en términos de inversión y formación.
Soluciones tecnológicas recomendadas:
- Aplicar software de validación de listas para filtrar denuncias y evitar conflictos de interés.
- Usar inteligencia artificial (IA) para analizar patrones de fraude y agilizar las investigaciones.
- Garantizar un sistema digital seguro que permita el seguimiento anónimo de las denuncias.
- Integrar soluciones que refuercen la debida diligencia en la evaluación de riesgos.
Conclusión
La implementación de canales de denuncia efectivos tras la creación de la AIPI es un reto que requiere planificación y compromiso. Para garantizar el éxito del sistema, las organizaciones deben cumplir con la Ley 2/2023, fortalecer la cultura de denuncia, proteger la confidencialidad del informante y adoptar soluciones tecnológicas avanzadas.
Cumplir con estos requisitos no solo evita sanciones, sino que también mejora la reputación corporativa y contribuye a la prevención del fraude y la corrupción. Confía en Verify Compliance Solutions para acercarte más al cumplimiento normativo.
Referencias legales
- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Disponible en: BOE
- Directiva (UE) 2019/1937, sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión.